Los clásicos definen la Ley como expresión ordenada de la razón, a la sazón facultad que singuraliza al hombre de los animales y medio por la cual conocemos y entendemos la realidad. Los hombres pensaron y redactaron Leyes que regularan su convivencia atendiendo a la necesidades personales y salvaguardando el Bien Común, elemento básico y mínimo que garantiza la Paz y la Felicidad... ¡o al menos esto es lo que afirma el sentido común y las clases de Filosofía del Derecho de algunas facultades!
Desde la Antigüedad hasta nuestros días las Constituciones ocupan un destacado puesto al permitirlas ser la inspiración del resto de Leyes humanas, asegurando así la bondad de nuestro ordenamiento jurídico.
Recientemente he podido saber que el responsable de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña ha declarado que le sobra la Constitución Española (fundamento principial del ordenamiento jurídico de nuestra joven Democracia), en el sentido que por "culpa" de ella el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Cataluña está limitado y "obligándole" a multar al menos a un 1% de los comerciantes que no rotulan sus escaparates en lengua catalana. Estoy seguro que si has llegado hasta aquí estarás pensando... ¡esto es absurdo! ¡Esperpéntico! ¡No tiene ni pies ni cabeza!
Por todos es conocido que en Cataluña conviven hasta nuestros días dos lenguas que proceden de un mismo idioma, a saber, el latín; ya sabes que son el catalán y el castellano. Nuestra Carta Magna establece que la lengua oficial de España es el castellano y en Cataluña, en virtud de su riqueza cultural manifestada por su noble lengua, además, el idioma cooficial es el catalán. Dicho esto, ¿es posible que la Constitución, en razón de lo expuesto anteriormente, limite la potencialidad comunicativa del catalán frente al español? Entiendo que no, porque por ahí creo que van los tiros. Este responsable político tiene en la cabeza que en Cataluña sólo se debe hablar catalán (por eso ordena multar a quien no rotula sus escaparates en esta lengua) porque Cataluña no tiene nada que ver con España (donde sí se habla castellano), y el único modo de hacer ver esta realidad es "cargándose" la Constitución erigiendo al tiempo el reformado Estatuto de Autonomía, que aún sigue recurrido, que afirma que el catalán es la lengua oficial de la Comunidad Autónoma.
Una última cosa. Este responsable político posee un cargo público gracias a la existencia de un ordenamiento jurídico constitucional que justifica la presencia de ese puesto de trabajo. Considero justo que como trabajador público, que en su momento juró/prometió defender la Constitución, qué es presente su dimisión porque ya no confía en las bondades sobre las que se fundamente nuestro sistema de convivencia social.
En Santander, a 27 de abril de 2009.
Publicado en Cope.es y en España liberal.