Gregorio Peces-Barba Martínez, en una Tribuna libre publicada en el diario El País realiza "Un compendio de errores y engaños" sobre la situación política actual en España. Rescato, para ti, el fragmento donde el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid reflexiona críticamente -¡y he ahí lo llamativo y sorprendente!- sobre algunas de las futuras medidas legislativas del gabinete de Rodríguez Zapatero (aborto, Estatuto de Autonomía de Cataluña).
Al final, don Gregorio cuestiona la preferencia del Presidente del Gobierno "de la juventud sobre la experiencia". ¿Será esto un aviso para navegantes, un vaticinio o una condena? Sea lo que sea, parece insinuar la recomendación de que en las tareas de decisión política la juventud es mala consejera y que la madurez.y la experiencia ejercitan la prudencia, virtud propia para una eficaz y eficiente acción política. ¿No recuerda esta insinuación de Peces-Barba a la doctrina de la "Pedagogía de la audacia" de Ángel Herrera Oria?
Sin más dilación, os dejo ya con las reflexiones de Peces-Barba:
"En el debe de los socialistas están, a mi juicio, unas valoraciones muy desacertadas e inexactas del ministro de Justicia, que me gustaría atribuir más a despiste que a ignorancia, casi imposible en un profesor de Derecho Constitucional como Francisco Caamaño. Me sorprendió que dijera, en declaraciones veraniegas a la prensa, que la no participación de médicos u otros facultativos en la realización de interrupciones voluntarias del embarazo, no podía ser objeción de conciencia sino desobediencia civil, y que el reconocimiento de una objeción de conciencia sólo puede provenir de la Constitución o de la ley, supongo que se refería a ley orgánica.
Reconozco que me desconcertaron afirmaciones tan categóricas y al tiempo tan faltas de fundamento. No puede desconocer que en la despenalización del aborto vigente (por la aprobación de un nuevo artículo bis del Código Penal) no la ley, pero sí el último fundamento jurídico de la sentencia que resolvió el recurso de 50 parlamentarios del PP, reconoció la objeción de conciencia de médicos y otros sanitarios que se negasen a intervenir en el proceso. Esta excusa para no obedecer una obligación general está vigente y se aplica con normalidad. Igualmente sorprendente fue la afirmación de que sólo la Constitución y la ley podían crear la objeción de conciencia, cuando hemos visto que el mismo caso desmiente su afirmación y señala una laguna, producto de un olvido o de un desconocimiento.
En ambos casos me inquieta la situación, que extiendo a otros problemas referentes al mismo proyecto. Por un lado me gustaría que no se consumase el error de evitar la consulta (no la autorización) a los padres, que ayudaría a impedir tensiones e incomunicaciones familiares innecesarias. Por otro lado, si el desconocimiento de la sentencia señalada es más general, me inquieta que en ella se reconocieran derechos al nasciturus y que no se haya pensado en solucionar el tema en una ley de plazos, donde en el periodo general de autorización para interrumpir el embarazo quedarían en suspenso y sin efecto los "derechos del nasciturus".
Además, parece que el ministro de Justicia, en su anterior condición, negoció la reforma del Estatuto Catalán, aunque bajo el criterio presidencial de que "lo que aprobéis en Cataluña lo aprobaremos en Madrid". Como este tema tiene sus claroscuros y sus interpretaciones pluriformes, quizás debieron cuidarse más los temas de constitucionalidad en origen, para evitar que quede mucho tajo para el Tribunal Constitucional.
En la preferencia del presidente del Gobierno de la juventud sobre la experiencia, está quizás el error más de fondo que ha podido propiciar estos lodos. Exilios externos como los de Jáuregui o López Aguilar, o internos como el de Jesús Quijano o Caldera, tienen sin duda mucho que ver con la bisoñez con la que se toman algunas decisiones".
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En Barcelona, a 29 de agosto de 2009.
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